Desde hace años, la mejora de las conexiones con Valladolid y el abaratamiento del servicio de transporte han sido demandas constantes de los vecinos de Laguna. Unos meses atrás se ha creado una mesa con el objeto de reivindicar una mejora del transporte público.
Este tema plantea distintos interrogantes, escapando las respuestas a los mismos en muchos casos de las competencias municipales, aunque en otros casos no tanto.
Algunas preguntas que surgen son las siguientes: ¿Quién debe proveer el transporte entre Laguna y Valladolid? ¿Una empresa pública o una privada? ¿Debe funcionar en régimen de competencia o en mediante concesión? ¿Quién debe pagar el transporte público?: ¿quién lo usa o debe financiarse entre el conjunto de la población?
En este artículo no pretendemos dar respuesta a todas estas incógnitas, pero sí, al menos, inducir a la reflexión sobre ellas.
Ahora: la concesión es pública y la gestión privada
Actualmente en Laguna, el servicio funciona mediante concesión pública y gestión privada en régimen de monopolio. La Junta de Castilla y León, que es quien regula el servicio, impone precios máximos que afectan al billete ordinario, mientras que no dice nada del coste del billete reducido. La primera consecuencia es que el precio resultante está por encima del que se daría si se abriera el servicio a la competencia, y más cuando se trata de un servicio con una demanda muy inelástica a corto/medio plazo, es decir, poco sensible al precio. No se trata de una conclusión obtenida a la ligera, sino que es un tema ampliamente estudiado en economía, y por tanto la literatura económica está plagada de ejemplos.
Nota: en economía se definen como bienes o servicios de demanda inelástica, aquellos cuya demanda apenas cambia, o lo hace muy poco, cuando varían los precios. Este es el caso del transporte, ya que aunque se incremente el precio del billete, los usuarios tienen que seguir utilizándolo.
Por otro lado, una segunda consecuencia, es que la empresa que provee el servicio no tiene incentivos para innovar, ya que tiene la demanda asegurada. Esto se da especialmente si el regulador no impone unos precios suficientemente bajos que garanticen el bienestar social, y que a la vez obliguen a quien presta el servicio a invertir para reducir el coste del mismo.
¿Cuál es la mejor solución para proveer el servicio de transporte? Teóricamente caben tres opciones: gestión pública, competencia o concesión pública y gestión privada.
¿Sería mejor abrir el servicio a la competencia y eliminar las concesiones? Para ello las instituciones deberían de funcionar, y garantizar que no se produjeran acuerdos entre empresas. Es decir, que hubiera más de una compañía que prestara el servicio, y las empresas compitieran entra ellas.
Pero aún así, ¿sería mejor fórmula que la actual? En el sector del transporte, por sus propias características, existen barreras de entrada para las empresas, principalmente derivadas de la elevada inversión inicial. Por lo tanto, aunque se liberalizase totalmente el sector, probablemente se continuaría con una situación de monopolio u oligopolio, con los mismos problemas que existen ahora.
Pero habría un inconveniente más: ¿quién proveería el transporte en las líneas deficitarias? Es decir, ¿quién facilitaría el servicio a las zonas rurales? ¿Tendrían que proveerse públicamente las rutas deficitarias y privadamente las que dieran beneficios? ¿Serían los usuarios de las líneas rentables quienes, mediante un sobreprecio, compensasen las pérdidas de las que dieran pérdidas? Esto último es lo que en cierta medida lo que ocurre ahora.
Estamos ante un caso de monopolio natural, donde la competencia no es posible, y, probablemente, tampoco deseable.
A continuación dejamos algunos artículos o audiovisuales sobre el último premio Nobel de Economía, Jean Tirole, que fue galardonado por el estudio de la regulación del poder del mercado. Este economista francés, ha estudiado, entre otros temas, la regulación de los monopolios naturales y los oligopolios. Algunas de sus conclusiones tienen que ver con lo expuesto más arriba. En los siguientes enlaces se puede profundizar sobre ello.
Hasta ahora nos hemos centrado en quien debe proveer el servicio de transporte, pero también es necesario plantear quién debe asumir su coste.
¿A quién beneficia el transporte público?
Antes de buscar una posible respuesta, planteémonos si el transporte público constituye un bien socialmente deseable, es decir, si tiene ventajas para el conjunto de la sociedad (y no solo para sus usuarios). Esto nos lleva a otro tema de debate: el transporte público (independientemente de si lo gestiona una empresa pública o privada), ¿debe ser financiado (pagado) exclusivamente por quién lo utiliza o por el conjunto de la población?
Las comunicaciones son fundamentales para el desarrollo.
Es evidente, que es deseable para un municipio contar con buenas comunicaciones, y que éstas son beneficiosas para el conjunto de la ciudadanía. Numerosos estudios ponen de relieve las externalidades positivas que tiene un buen transporte público, tanto urbano como interurbano.
Las comunicaciones son fundamentales para el desarrollo. Existen numerosas pruebas empíricas de que las zonas que cuentan con buenas vías de comunicación han experimentado mejores niveles de progreso que aquellas que han estado más aisladas. No es casual que, históricamente, las ciudades más dinámicas y con mayores niveles de crecimiento hayan estado situadas en la costa. Las comunicaciones y el desarrollo económico y social siempre han ido de la mano.
Igualmente, un aspecto beneficioso del transporte público tiene que ver con la movilidad. Seguramente que cuando la mayoría de nosotros decidimos fijar nuestra residencia en Laguna de Duero, nos planteamos cómo eran las comunicaciones con Valladolid. Lógicamente, cuanto más lejos está una población de su núcleo de referencia, menos atractiva es: y la lejanía no solo se mide en kilómetros, también es relevante el tiempo y las alternativas de desplazamiento. Un ejemplo: es obvio que Parla queda más lejos de Madrid que pueda estar Wamba o Geria de Valladolid, pero es más fácil llegar desde la primera a la capital de su comunidad que desde las dos últimas poblaciones a Valladolid.
Por lo tanto, Laguna de Duero se ha beneficiado en su desarrollo de la cercanía a Valladolid, pero también de las comunicaciones. El transporte es una variable que hemos tenido, tenemos, en cuenta al decidir sobre donde invertimos en nuestra vivienda. Una localidad es más o menos atractiva según sus comunicaciones. Y ello también influye en el valor de las viviendas, que crece con un transporte eficaz.
Es socialmente rentable contribuir a la mejora del transporte público, y a desincentivar el uso del transporte privado.
Por otro lado, la calidad y el coste del transporte público inciden sobre el uso del transporte privado. Así se desprende de numerosos estudios. Ver, por ejemplo, el siguiente artículo:
En este sentido, el transporte privado contribuye considerablemente a la contaminación ambiental.
La OMS alerta del aumento de la contaminación ambiental en las ciudades
Es por ello lógico que se apoye la reducción del transporte privado, destinando más recursos al público, ya que la inversión en este último tendrá efectos positivos para la población.
La rentabilidad del transporte público:una nueva perspectiva
El transporte público en Barcelona costará la mitad los días de contaminación
Sin usuario habitual, no habría servicio de transporte.
Finalmente, el usuario habitual garantiza la continuidad del servicio, haciéndolo rentable, de lo cual también se beneficia el ocasional. Si no existiera un conjunto de ciudadanos que lo utilizara habitualmente no existiría el transporte público, o la frecuencia del mismo sería menor.
Por lo tanto, ¿quién debería asumir el coste del transporte público?
Parece evidente que quien se beneficia del mismo. Y como los beneficios sociales de contar con un buen servicio de transporte son elevados, es necesario considerar que se financie, al menos en parte, entre todos los vecinos.
Por otro lado, según hemos visto, el precio es mayor del que se daría en un mercado abierto a la competencia o si se prestara el servicio públicamente; o al menos superior al resultante si las instituciones competentes tomasen las medidas necesarias para asegurar una tarifa suficientemente baja que garantizase la prestación del servicio pero también el bienestar social.
Y una última reflexión. No es cierto que el autobús no cueste dinero a los vecinos de Laguna de Duero. Sí cuesta: 1.40 o 1,25 el billete, según sea con bono o sin él. Una cuestión diferente es que solo lo financia una parte de la población, y no todos los vecinos que se benefician de él.
Víctor Manuel Simón
La Fragua de Laguna de Duero 
Muy bueno el artículo y todos los enlaces. Me gusta especialmente cómo argumenta la idea de los beneficios colectivos del transporte público. Mucha gente se cuestiona por qué debe utilizarse parte de sus impuestos para pagar un transporte público que no utiliza ¡Cuánta pedagogía hace falta! Primero entre nuestros políticos y luego entre nuestros ciudadanos.
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