Autor del artículo: Ignacio Gil Farlete

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El 18 de octubre de 1536 se firmaba el contrato para la construcción de la iglesia de nuestra señora santa María del lugar de Laguna con Rodrigo Gil de Hontañón, maestro de cantería, quien se comprometió a llevarla a cabo en un plazo de tres años. En nombre de la iglesia firmaban el cura, Juan Pérez, y el mayordomo, Pero Roxo, previamente autorizados por el obispado de Palencia, a cuya diócesis pertenecía la misma. En este tipo de contratos se exigían al adjudicatario fiadores que respondiesen en su lugar de las obligaciones contraídas. En este caso firmaron como fiadores de Rodrigo Gil de Hontañón, además de Hortuño de Marquina y Juan de Sarabia, canteros y colaboradores habituales del maestro, el carpintero Juan García del Otero y Juan Barrigón, vecino de Mucientes.

En los dos años siguientes, 1537 y 1538, se hace cargo de la mayordomía de la iglesia  Bartolomé Daza. La labor del mayordomo era fundamental en esos años ya que, además de ocuparse de administrar los bienes de la parroquia se encargaba de realizar los pagos, tanto a los oficiales y operarios como para la compra de los materiales necesarios para la buena marcha de la obra que se estaba realizando. El mayordomo tenía que ser feligrés de la parroquia y disponer de cierto patrimonio para hacer frente a las responsabilidades de su cargo. En este caso se aportó una garantía adicional en la figura de un avalista, Cristóbal de Morales, quien firmó la escritura como tal fiador de Bartolomé Daza el 1 marzo de 1537.

Al parecer, las cuentas de Bartolomé Daza no estaban claras ni atendía convenientemente sus obligaciones, o dicho de otro modo, parece que faltaba dinero y no respondía a los requerimientos que se le hacían o bien estaba desaparecido. El caso es que en el año 1539 la mayordomía había pasado a manos de Sebastián Muñoz, quien, a la vista de que Bartolomé Daza “andaba ausentado como hera notorio…”, presenta una demanda ante la Chancillería de Valladolid por la que se pide a su fiador, Cristóbal de Morales, que respondiese con su hacienda de las cuentas de la mayordomía de los años 1537 y 1538 a lo que estaba obligado por la citada escritura de marzo de 1537, y le reclama la cantidad de 85.000 maravedís, cantidad que, según el libro de cuentas adeudaba el mayordomo.

En el archivo de la Chancillería se conserva el documento relativo a la ejecutoria de ese litigio entre Sebastián Muñoz en nombre de la iglesia de Laguna y Cristóbal de Morales, el citado avalista de Bartolomé Daza. En concreto, en el registro de Reales ejecutorias, caja 542-37.

Imagen de la primera página de la Real ejecutoria

En la contestación a la demanda Cristóbal de Morales alega varias cuestiones, como la falta de representación de Sebastián Muñoz, quien “no sería ni hera mayordomo de la dicha yglesia ni fábrica, ni tenía poder de ellos para pedir cosa alguna de lo que pidía…”. También alega defectos de la escritura que le obligaba a él como fiador “…el dicho pedimiento no hera formal ni concluyente, ni procedía ni tenía relación verdadera, ni la dicha escriptura era pública ni abténtica ni tenía aparejada execución, ni tenía las cosas ni clábsolas las que de derecho en tal caso se requería, tenía diversos remedios yncompatibles que de derecho no avía lugar…”. Por último, alegaba falta de fundamento en el fondo de la reclamación  “dicho pedimiento no sería ni hera verdadero ni el dicho libro hazía fe ni probanza alguna e el dicho Bartolomé Daza de la dicha mayordomía no devía cosa alguna e lo tenía pagado todo lo que avía cobrado e avía sido a su cargo en dineros e en cosas necesarias a la dicha yglesia, y en la obra que en ella estava fecha, lo cual avía fecho el dicho Bartolomé Daza, lo cual hera notorio e parecía claramente en que avía gastado en hazer la obra de cantería y obreros, e oficiales e todo lo otro necesario, todo lo que avía cobrado de la dicha mayordomía, e nunca jamás el dicho Bartolomé Daza no andaba ausentado ni huydo para lo que tocaba a la dicha mayordomía, e pues hera prencipal, llamándosele y él averiguaría quenta con cualquier mayordomo que fuese obligado e mostraría tener probado todo lo que avía cobrado de la dicha mayordomía, e aún se le devía, allende de lo que avía gastado, más de quarenta mil maravedís, que demasiados avía gastado, los quales venzidos se los demandaría fasta que se averiguase la quenta con el prencipal y se hiziese execución con el dicho su parte no hera obligado a cosa de lo que le pedían…”. Insistió en que el contenido del libro de cuentas no era concluyente “el dicho libro no hera escriptura pública ni auténtica ni verdadera ni hazía fe…”, y dijo que los gastos y pagos que se habían hecho los tenía Bartolomé Daza todos por escrito en escrituras y cartas de pago, “y el bachiller Barrunta, clérigo de la dicha yglesia, avía entrado en su casa sin autoridad de juez y lo avía todo tomado e llebado…”, por lo que pidió que se le devolviesen para probar los pagos realizados.

De dichas alegaciones se le dio traslado a Sebastián Muñoz, quien contestó a su vez diciendo que según el libro parecía que “el dicho Cristobal de Morales avía estado presente a las dichas quentas que el dicho Bartolomé Daza avía dado a sus partes y la avía tomado el vicario de Portillo, que hera superior, y aunque no estuviera presente, bastaba que por las dichas quentas e alcance quedaba averiguado el alcance que sus partes avían hecho al dicho Bartolomé Daza…”.

El alcalde de la chancillería, el licenciado Francisco de Menchaca, dictó un auto el 27 de noviembre de 1539 por el cual mandaba a Cristóbal de Morales que nombrase “contador para que se averigüen las quentas de la mayordomía…” para que junto con el nombrado por Sebastián Muñoz “se averigüen y liquiden…”. Este auto fue recurrido por Cristóbal de Morales alegando agravios contra dicho auto y mandamiento del alcalde, recurso que fue visto el 27 de abril de 1540 en audiencia pública por el presidente y oidores de la Audiencia, quienes decidieron remitir la causa al licenciado Villagómez. Éste ratificó el mandamiento anterior de forma que, finalmente fueron nombrados dos contadores, uno por cada parte. Por parte de Cristóbal de Morales fue nombrado el licenciado de Madrid, abogado y vecino de Valladolid, y, por parte de la iglesia de Laguna fue nombrado Pedro Roxo, que había sido anteriormente mayordomo de la misma.

Los dos peritos llegaron a la conclusión de que durante los dos años que Bartolomé Daza fue mayordomo de la iglesia dispuso de unos ingresos de 209.950 maravedís, acreditándose en los asientos del libro unos gastos de 103.339 maravedís, lo que suponía una diferencia de 106.611 maravedís. De esta cantidad había que descontar 19.315 maravedís que Sebastián Muñoz confesó haber cobrado del anterior mayordomo Pedro Roxo, así como 4.966 maravedís que también cobró del mosto que se vendió el año 1538 de las viñas de Bartolomé Daza, de tal forma que la deuda de éste y su fiador con la iglesia de Laguna quedó determinada en 82.330 maravedís.

De la carta ejecutoria no se deduce más que el reconocimiento de la deuda, desconociéndose si llegó a pagarse o a embargarse bienes del fiador que teóricamente respondía de ella con su hacienda. Cabe decir que este documento no es más que un resumen del pleito, que no refleja con detalle todo lo actuado. No quedan reflejados, por ejemplo los argumentos por los que se descartan algunas de las alegaciones del demandado, ni si fue cierto el hecho de que el clérigo Esteban Pérez Barrunta se llevó los documentos de la casa de Bartolomé Daza, aunque se supone que si fue así lo hizo en su presencia, y es posible que tuviera algún derecho por tratarse de documentos de la iglesia.

Este fue un episodio que contribuyó al retraso de las obras y que se añadió a la ya de por sí habitual falta de recursos para llevar a cabo este tipo de construcciones. No deja de sorprender el optimismo con el que se fijó en el contrato firmado en octubre de 1536 un plazo de tres años para su terminación.

Casi ocho años después, el 30 de septiembre de 1544, el contrato fue traspasado por Rodrigo Gil de Hontañón a Hortuño de Marquina, que había sido su fiador en el contrato inicial y más que probable colaborador en la obra, y a otros dos maestros de cantería, Pedro Martínez de Cortavitarte y Martín de Ybarra. Según la escritura de traspaso Rodrigo Gil no podía hacerse cargo de la obra por ocupaciones y causas justas que tuvo, no en vano era por entonces maestro mayor de varias catedrales y acaparaba multitud de contratos de construcción de iglesias y otros edificios.

El plazo para la terminación de las obras volvió a fijarse nuevamente en tres años, pero no llegarían a terminarse hasta el año 1568, superando su duración los 30 años.