Autor del artículo: Andrés Hombría

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En efecto, es un principio incontestable que la ley no puede infligir pena alguna allá donde no puede haber un delito susceptible de ser caracterizado con precisión y reconocido con certeza; si no, el destino de los ciudadanos está sometido a juicios arbitrarios y la libertad desaparece. Las leyes pueden afectar a las acciones criminales, porque éstas consisten en hechos que pueden ser claramente definidos y constatados mediante reglas seguras y constantes. ¡Pero las opiniones!..Su carácter bueno o malo no puede determinarse más que por sus relaciones más o menos complicadas con los principios de razón o de justicia, con frecuencia con múltiples circunstancias particulares. Si se me denuncia un robo o un asesinato, tengo la idea de un acto cuya definición es simple y fija, interrogaré a los testigos. Pero si me hablan de un escrito incendiario, peligroso, sedicioso…¿Qué es un escrito incendiario, peligroso, sedicioso?Veo nacer aquí una multitud de preguntas abandonadas a toda la incertidumbre de las opiniones; no encuentro ni hecho, ni testigos, ni ley, ni   juez; no percibo más que una denuncia vaga, argumentaciones y decisiones  arbitrarias.

Robespierre en la Asamblea Constituyente

Espero que esta (larga cita) haya apartado de ustedes la imagen de la guillotina que el pensamiento reaccionario ha conseguido unir casi automáticamente al nombre de Robespierre. Estamos aún en 1791, la Francia revolucionaria no ha sido todavía invadida por las monarquías absolutas europeas (Borbones españoles incluidos) ni aislada marítimamente por Gran Bretaña; el proceso revolucionario está aún inspirado por la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano.

Supongo que es innecesario explicar por qué el nombre de Pablo Hasel encabeza el título. En el caso de Isabel Medina, aclaro que se trata de la joven que en el acto de homenaje a la “División Azul” enardeció a los provectos asistentes, culpando a los judíos de todas las desgracias y conflictos del siglo pasado.

La primera reflexión que se impone es la desproporción entre lo aberrante de los elogios de uno y otra. Por mucho que uno condene los atentados del GRAPO, compararlos con las planificadas políticas de exterminio del Tercer Reich es simplemente una desmesura. El terror del Estado es siempre incomparablemente más temible que el que se ejerce contra él, porque cuenta con un aparato especializado para su realización y su ejercicio está financiado con cargo al presupuesto.

A uno le gustaría tener a la joven delante para recordarle que al horrible exterminio judío acompañaron el de adversarios políticos, débiles mentales, prisioneros de guerra soviéticos, homosexuales y gitanos; y señalarle también que la famosa “División Azul”, cuya participación en la batalla de Krasny Bor conmemoraban en el acto, participó durante toda su permanencia en tierras rusas en el cerco de Leningrado. Éste ha sido el asedio más criminal que ha conocido la historia, provocando la muerte de más de un millón de civiles. El ejército atacante tenía la orden de, tras la conquista de la ciudad, empujar a  los habitantes a los bosques y marismas cercanos para que así murieran todos *. Y que ella, que es estudiante de Historia debería saberlo.

Uno recuerda también la desproporción entre la relevancia  de los mensajes de Twitter sobre el atentado a Carrero Blanco que llevaron  a Cassandra  Vera ante los tribunales** y los comentarios de en Whasapp de un general retirado sobre los 26 millones de españoles que habría que fusilar, en los que la fiscalía no ha apreciado nada punible.

Decir que el aparato judicial español se sitúa entre la derecha pura y la extrema derecha parece algo obvio pero es una de esas evidencias que, sin embargo, no se pueden decir en público. Igual que parece de mala educación recordar que la protección legal que los artículos 490 y 491 del C. Penal brindan a la Monarquía han servido para encubrir durante años los oscuros negocios del anterior monarca. O que la reforma del artículo 504 del mismo código, hecha, supuestamente para proteger el buen nombre de los órganos del Poder Judicial y de los Cuerpos de Seguridad del Estado han servido para impedir que salieran adelante las denuncia por torturas policiales que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha encargado de recordarnos repetidas veces***.

En fin, que a uno no le quedan dudas de que este país es una “democracia consolidada”, pero duda si sólo se han consolidado los principios democráticos o también los abusos contra ellos.

Ante este panorama, la reacción de la mayoría de quienes se ubican políticamente a la izquierda del PSOE es pedir que se penalicen con mayor rigor los llamados “delitos de odio” (xenofobia, racismo, homofobia…) y que se incluya el delito de “apología del franquismo” con una tipificación similar al de “apología del terrorismo”.

Yo creo que es un error, que lo coherente y lo efectivo es exigir que los delitos de opinión desaparezcan pura y simplemente del Código Penal. A los argumentos que Robespierre expone en la cita que encabeza esta nota yo añadiría otros dos.

El primero, de orden práctico es que, por mucho que se consiga penalizar todas las fobias y apologías de dictaduras, nuestros tribunales seguirán condenando a los mismos, porque aplicar la ley del embudo es parte de su propia esencia. En palabras del propio dirigente jacobino (abogado de profesión, por cierto) “uno encontrará el crimen en la cosa, el otro en la intención, un tercero en el estilo”.

La segunda es más de fondo y responde a lo que la experiencia nos ha enseñado desde 1791, cuando todas nuestras sociedades vivían aún bajo el absolutismo y la actualidad. Creo que el ejemplo más claro es el de la persecución legal del “negacionismo”, es decir, la negación del exterminio de los judíos por el nazismo, que es delictiva en la mayoría de los países de Europa occidental****.Por mucho que uno entienda el horror que la magnitud de los crímenes hitlerianos inspira, tal penalización es, creo, contraproducente e ineficaz.

Es ineficaz porque mientras queden países en que tales opiniones puedan expresarse libremente, lo que no esté en la librería o en el quiosco, se podrá encontrar fácilmente en Internet. Es contraproducente porque, impidiendo el debate otorga a la mentira el inmerecido privilegio de no ser confrontada con los hechos históricos. Significativamente quienes niegan el exterminio son calificados de “revisionistas”…siendo así que el “revisionismo” es precisamente una de las características que distinguen las disciplinas científicas de las creencias religiosas. Además, ante la imposibilidad de consagrar como indiscutibles todas las atrocidades que unos grupos humanos han cometido contra otros se producen agravios comparativos, generando la sensación de que el rechazo de los crímenes depende menos de la gravedad de estos que de la capacidad de los descendientes de las víctimas para hacerlos presentes.

Ninguna sanción legal puede sustituir al libre debate y a la pedagogía de la historia. Creo que Pablo Hasel debe poder cantar lo que le de la gana, me guste o no lo que diga en sus textos…y no veo utilidad alguna en llevar a Isabel Medina ante los tribunales; si la condenan, sus seguidores verán en ello una prueba más del poder omnímodo de George Soros y si la absuelven lo vivirán como una victoria de la verdad.

Notas:

*)En noviembre de 1941, cuando la caída de la ciudad parece próxima, Goebbels envía un mensaje a von Leeb, comandante del Grupo de Ejércitos Norte, felicitándole por sus progresos y augurando que “pronto podremos pasar el arado por lo que fue San Petersburgo”.

**)de hecho fue condenada por la Audiencia Nacional a un año de cárcel y siete de inhabilitación, aunque el Tribunal Supremo acabó absolviéndola.

***) Entre ellos, seis casos de posibles torturas no investigadas por el entonces juez de la A.N. y actual Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

****) No así en EEUU, en que dichos textos “revisionistas” han estado siempre amparados por el derecho a la libertad de expresión.